La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el proceso de contratación de fiscalizadores electorales para los comicios generales de 2026, según un informe de control que revela deficiencias en la selección, acreditación y supervisión del personal encargado de fiscalizar el desarrollo de la jornada electoral. Las observaciones comprometen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
De acuerdo con el documento del órgano de control institucional, los inspectores verificaron que varios fiscalizadores electorales no cumplían con los requisitos mínimos establecidos para el cargo, presentaban incompatibilidades laborales o carecían de la capacitación adecuada para ejercer sus funciones durante la jornada electoral. La auditoría también detectó casos de fiscalizadores que no se presentaron a sus puestos de trabajo el día de las elecciones, pese a haber cobrado sus honorarios.
El informe señala que se identificaron serias deficiencias en el proceso de acreditación del personal, como la ausencia de verificaciones rigurosas de los documentos presentados por los postulantes, la falta de un registro actualizado de los fiscalizadores designados y la carencia de un sistema de control que permitiera monitorear en tiempo real la asistencia y el desempeño de los trabajadores durante la jornada electoral.
La Contraloría también advirtió que el JNE no implementó mecanismos efectivos de supervisión y control para garantizar que los fiscalizadores cumplieran con sus obligaciones contractuales, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado por pagos indebidos a personal que no laboró efectivamente. Las observaciones incluyen la falta de informes finales de fiscalización y la ausencia de rendiciones de cuentas documentadas.
Las irregularidades detectadas ponen en cuestión la transparencia y la eficiencia del proceso de fiscalización electoral, uno de los pilares para garantizar la legitimidad de los comicios. La Contraloría recomendó al JNE reformular sus procedimientos de contratación y supervisión de fiscalizadores electorales, establecer controles más estrictos en la verificación de requisitos y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio y a las Elecciones Regionales y Municipales de octubre. El órgano de control anunció que remitirá los hallazgos al Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes
