Un informe estadístico reveló que cuatro de los diez distritos con las tasas más altas de homicidios a nivel nacional presentan una intensa actividad de minería informal e ilegal. El cruce de información entre los reportes de criminalidad de la Policía Nacional del Perú y los registros georreferenciados de extracción aluvial y subterránea constata la estrecha vinculación entre el avance de esta economía no formal y el incremento de la violencia letal en el país.
Entre las jurisdicciones identificadas dentro del listado con mayor número de muertes violentas figuran distritos ubicados en departamentos como Madre de Dios y La Libertad, zonas donde la proliferación de concesiones informales y campamentos no regulados ha desbordado el control territorial del Estado. Las estadísticas oficiales evidencian que en estas localidades las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes superan con amplitud la media registrada en el resto de provincias peruanas.
Las investigaciones señalan que la alta incidencia de crímenes en estas zonas obedece principalmente a disputas armadas por el dominio de vetas auríferas, cobro de cupos a pequeños extractores, sicariato y extorsión vinculada al transporte de oro e insumos fiscalizados. Asimismo, la presencia de organizaciones delictivas articuladas al contrabando de combustible, explosivos y maquinaria pesada ha consolidado un entorno criminal que utiliza el homicidio por encargo como mecanismo de coacción y control territorial.
Frente a este escenario, expertos en seguridad pública y gestión económica enfatizaron que el impacto de la minería informal trasciende el perjuicio tributario y la degradación ambiental, convirtiéndose en el principal dinamizador de la violencia en el interior del país. Diversos sectores demandaron al Ejecutivo y al Congreso articular la persecución penal con un freno definitivo a las prórrogas que amparan registros no formalizados, a fin de recuperar el orden institucional en los distritos más afectados.
