Una investigación periodística reveló que diversos congresistas contrataron en sus respectivos despachos y comisiones parlamentarias a personas directamente inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o estrechamente vinculadas a la actividad minera informal. Las designaciones se formalizaron en paralelo a la presentación y debate de iniciativas legislativas orientadas a prorrogar la vigencia de dicho padrón estatal.
Los registros de personal del Congreso de la República evidencian que varios asesores, coordinadores y técnicos contratados bajo la modalidad de cargos de confianza figuran en la base de datos oficial del Ministerio de Energía y Minas con registros del Reinfo en condición vigente o suspendida. Estos funcionarios perciben sueldos financiados con recursos públicos mientras mantienen intereses económicos directos en concesiones y labores extractivas de mineral.
La presencia de estas personas en despachos de legisladores, especialmente de aquellos que integran la Comisión de Energía y Minas, generó alertas sobre evidentes conflictos de interés. Los trabajadores señalados participaron en gestiones técnicas, seguimiento de comisiones e impulso de dictámenes dirigidos a flexibilizar los requisitos de formalización y extender las garantías de no procesamiento penal que otorga el registro minero.
Especialistas en temas de gobernanza y transparencia señalaron que la incorporación de operadores con intereses mineros en el aparato parlamentario distorsiona la formulación de políticas públicas ambientales e impacta la lucha contra las economías ilegales. Diversos sectores demandaron al área de fiscalización y recursos humanos del Congreso revisar exhaustivamente las declaraciones juradas de intereses de los equipos técnicos asignados a las comisiones estratégicas.
