La Defensoría del Pueblo advirtió el colapso inminente del principal canal de conducción de agua que abastece a la ciudad de Huánuco y exigió a las autoridades competentes que se formulen denuncias penales contra los responsables de las invasiones clandestinas que vienen afectando gravemente la infraestructura. El organismo defensor instó a una intervención urgente para evitar una crisis sanitaria de gran magnitud.
Según la evaluación realizada por la sede defensorial de Huánuco, el canal de Seda Huánuco presenta múltiples puntos críticos debido a la antigüedad de su estructura y al deterioro acelerado provocado por las conexiones ilegales y las invasiones en la franja de servidumbre. Estas acciones clandestinas no solo debilitan la infraestructura hidráulica, sino que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable para más de 200 mil habitantes.
El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que la situación es extremadamente grave y que de producirse un colapso del canal, la ciudad quedaría desabastecida de agua por un periodo prolongado, lo que generaría una emergencia sanitaria sin precedentes. Por ello, exigió a Seda Huánuco, a la Municipalidad Provincial y al Gobierno Regional que actúen de manera coordinada e inmediata para mitigar los riesgos identificados.
El organismo defensor demandó que se interpongan denuncias penales contra los ciudadanos y presuntos traficantes de terrenos que vienen invadiendo la zona de protección del canal, así como contra las personas que realizan conexiones ilegales de agua que afectan la presión y la calidad del servicio. La Defensoría recordó que estas conductas constituyen delitos contra la seguridad pública y el medio ambiente.
Asimismo, la Defensoría recomendó a las autoridades regionales y locales que declaren en emergencia el sistema de agua potable de Huánuco y que se destinen los recursos necesarios para la rehabilitación integral del canal de conducción. La institución continuará supervisando las acciones que adopten las entidades competentes y advirtió que evaluará las responsabilidades funcionales de los funcionarios que omitan actuar frente a esta situación de riesgo inminente.
