La paralización de una investigación por presunta colusión agravada vinculada a la obra de ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de la zona urbana de Rupa Rupa vuelve a generar cuestionamientos en la provincia de Leoncio Prado. El caso involucra a exfuncionarios municipales, una empresaria contratista que llegó a figurar en el programa «Los más buscados» del Ministerio del Interior, y al actual alcalde provincial, Marx Enderson Fuentes Reynoso.
Leonarda Fátima Bernal Pineda, representante de la empresa Ale Contratista, fue incluida en la lista de los más buscados por este caso, lo que evidenció la gravedad que alcanzó la investigación. Según la tesis fiscal, exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado habrían concertado con la empresaria para favorecer pagos adelantados durante la ejecución de la obra. Entre los investigados figuran Alexander Walter Espinoza Mendoza, Juan Andrés Robles Cotillo, Imer Alfonso Haro Venturo, el propio alcalde Fuentes Reynoso y José Luis Villavicencio Guardia.
El proyecto fue adjudicado en 2011 bajo la modalidad de causal de emergencia, lo que permitió exonerar el proceso de selección y otorgar la buena pro directamente a la empresa Ale Contratista. El contrato fue suscrito por más de 82 millones de soles, con un plazo de ejecución de 480 días calendario. Sin embargo, el expediente técnico definitivo elevó posteriormente el presupuesto a más de 86 millones de soles, sin que la obra llegara a culminarse.
A pesar de la magnitud económica y social del proyecto, la obra quedó paralizada, generando un profundo malestar entre la población de Tingo María, que aún espera una solución definitiva a los graves problemas de saneamiento que afectan a la ciudad. La falta de agua potable y alcantarillado adecuado sigue siendo una de las principales demandas de los vecinos de Rupa Rupa.
La Fiscalía informó en noviembre de 2021 la conclusión de la investigación preparatoria. Sin embargo, desde entonces no se habrían registrado avances procesales relevantes, pese a que correspondía emitir acusación o solicitar el sobreseimiento del caso. La demora abre un nuevo debate sobre la eficacia del sistema de justicia frente a casos de presunta corrupción vinculados a obras públicas, mientras los investigados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una decisión fiscal o judicial definitiva.
