Una denuncia penal fue formalizada este 15 de abril contra el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) por el presunto delito de perturbación del proceso electoral, tras sus declaraciones cuestionando los resultados de las Elecciones Generales 2026. El documento, presentado ante el Ministerio Público por los abogados Indira Rodríguez y Doller Huamán, señala que López Aliaga utilizó su alcance masivo para convocar a una insurgencia civil al exigir la nulidad del proceso en un plazo de 24 horas. Los denunciantes solicitaron la detención inmediata del candidato bajo la figura de flagrancia, argumentando que, mientras él siga llamando a la insurgencia en redes sociales y mítines, el delito se mantiene en curso. La denuncia advierte que estas conductas no se encuentran amparadas por la libertad de expresión, ya que vulneran el derecho al voto y la estabilidad del país.
La denuncia surge tras los hechos ocurridos la noche del 14 de abril, cuando López Aliaga encabezó un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el que lanzó un ultimátum de 24 horas para anular las elecciones y exigió la captura inmediata del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Durante su discurso, el líder de Renovación Popular calificó el proceso como «un engranaje para alterar la voluntad popular» y descalificó el trabajo de los observadores internacionales de la Unión Europea y la OEA, pidiendo que se retiren del país. El candidato afirmó que se habrían robado cerca de 500,000 votos, aunque no presentó pruebas que respalden dicha acusación. Las instituciones electorales han atribuido las demoras en el conteo a problemas logísticos en el transporte de actas.
Como prueba, la Fiscalía recibió videos del discurso de López Aliaga frente al JNE y capturas de sus mensajes en redes sociales, que evidencian sus declaraciones en contra del sistema electoral. La denuncia penal se suma a la creciente tensión política generada por la narrativa de fraude impulsada por el candidato de Renovación Popular, quien se encuentra en una cerrada disputa por el segundo lugar con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Mientras la ONPE y el JNE continúan con el procesamiento de actas y la revisión de observaciones, las autoridades electorales han reiterado la transparencia del proceso y han instado a los candidatos a respetar los resultados oficiales. La denuncia será evaluada por el Ministerio Público, que deberá determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra López Aliaga por sus declaraciones en el contexto postelectoral.
