El jefe de Administración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , Edward Alarcón Gonzáles, fue quien adjudicó y firmó el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga para la distribución del material electoral, a pesar de que la empresa contaba con antecedentes por incumplimiento y su propuesta económica era más alta que la de otros proveedores, según declaró ante la fiscalía el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, detenido y con allanamiento de su domicilio el pasado 13 de abril. Samamé, quien es investigado como presunto responsable de las deficiencias logísticas durante las elecciones del 12 de abril, reveló que la empresa proveedora no contaba con los vehículos necesarios para el transporte del material electoral un día antes de los comicios, lo que ocasionó la falta de instalación de mesas de votación en varias zonas del país.
De acuerdo con la declaración de Samamé, a la que tuvo acceso La República, el exgerente advirtió al fiscal Agustín Ysla Almonacid que el responsable de la supervisión de la salida de los vehículos con el material electoral era el subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez. Al tomar conocimiento de que el material no llegaba a las mesas de sufragio, Samamé declaró que se comunicó con Alarcón, quien le indicó que podía contratar unidades móviles por la suma de 48,000 soles bajo un procedimiento denominado «asignación de dinero por encargo», instrucción que trasladó personalmente a Phang Sánchez. Samamé también aceptó que recomendó a Alarcón que la empresa Galaga siguiera proveyendo el servicio hasta que se encontrara un nuevo contratista, decisión que también fue comunicada a Phang.
La investigación fiscal apunta a determinar las responsabilidades de los funcionarios de la ONPE en la fallida logística electoral que generó demoras en la instalación de mesas y el procesamiento de resultados. La declaración de Samamé implica directamente a Alarcón Gonzáles como el funcionario que adjudicó el contrato a Galaga pese a sus antecedentes, y como la persona que autorizó gastos adicionales para paliar el incumplimiento de la empresa. El caso ha generado gran repercusión pública en medio del escrutinio de las elecciones, que aún define al segundo candidato que pasará a segunda vuelta con Keiko Fujimori. La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar si existen otros responsables en la cadena de contrataciones y supervisión que permitieron que una empresa con antecedentes de incumplimiento se adjudique un contrato clave para el desarrollo de los comicios.
