La ex primera dama Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, hizo un pedido público a la presidenta Keiko Fujimori para que indulte al exmandatario, quien se encuentra cumpliendo una condena de 20 años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de activos en el caso de la Carretera Interoceánica. Karp solicitó el indulto «por razones humanitarias», debido al delicado estado de salud de Toledo.
En una carta abierta dirigida a la presidenta Fujimori y difundida a través de sus redes sociales, Eliane Karp describe la grave situación médica que enfrenta su esposo, de 80 años de edad, quien padece de cáncer, hipertensión y problemas cardíacos que, según ella, se han agravado durante su reclusión en el penal de Barbadillo. «Alejandro no es un peligro para la sociedad. Es un anciano enfermo que merece pasar sus últimos días en casa, junto a su familia», escribió Karp.
La solicitud de indulto para Toledo se suma a la de otros expresidentes, como Pedro Castillo y Alberto Fujimori, cuyas familias y allegados también han pedido clemencia a la presidenta. Sin embargo, Fujimori ha sido enfática en afirmar que no concederá indultos a los condenados por corrupción. «En mi gobierno no habrá privilegios para nadie. Los corruptos deben cumplir sus condenas como cualquier otro ciudadano», declaró la mandataria en su primer mensaje a la Nación.
Analistas políticos consideran que la decisión de Fujimori sobre los indultos será una de las pruebas más difíciles de su gobierno. Por un lado, conceder el indulto a Toledo o a Castillo podría ser interpretado como un gesto de reconciliación y de grandeza política. Por otro lado, negarlo podría aumentar la polarización y el resentimiento entre sus adversarios. La pelota está en la cancha de la presidenta.
El caso de Toledo es particularmente complejo, ya que el expresidente fue condenado por recibir un soborno de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del Perú. Las organizaciones anticorrupción han exigido que se respete la sentencia judicial y que no se conceda ningún beneficio penitenciario a Toledo, por considerarlo un «símbolo de la corrupción». La decisión de Fujimori, cualquiera que sea, tendrá un enorme impacto político.
