Familiares y el abogado de una paciente que sufrió un parto prematuro en el baño del Hospital Regional Hermilio Valdizán exigen que se aclare la presunta negligencia médica que derivó en la muerte de su bebé. A más de seis meses de que la fiscalía abriera diligencias preliminares contra los responsables del nosocomio, la investigación no presenta avances concretos.
El caso se remonta al 4 de octubre de 2025, cuando la gestante GSS, con un embarazo de alto riesgo por fertilización in vitro, fue internada por un cuadro de preeclampsia. La madrugada del 6 de octubre comenzó con fuertes dolores y, al no recibir atención oportuna ni la medicación prescrita a tiempo, sufrió un parto prematuro en el inodoro alrededor de las 19:30 horas. La madre sostiene que el recién nacido aún presentaba signos vitales, pero el certificado de defunción emitido por la doctora de turno diagnosticó una “prematuridad extrema dentro del vientre”.
El abogado Yonar Ruiz Morales reveló que su defendida había solicitado un aborto terapéutico en junio de 2025 debido al altísimo riesgo obstétrico advertido incluso por la clínica de fertilidad. Dicha solicitud fue rechazada por una junta médica del hospital, y recién cuando el bebé falleció, el nosocomio respondió por escrito negando el procedimiento y señalando que la gestación podía continuar, lo que la defensa califica como «una burla».
La investigación fiscal, a cargo de la Cuarta Fiscalía Penal, dispuso en octubre diligencias por 60 días contra los que resulten responsables de lesiones y homicidio culposo. No obstante, el abogado denuncia que tuvieron que pasar casi siete meses para que el historial médico sea remitido a Medicina Legal para una evaluación posparto. Para la defensa, los elementos del caso configuran una clara inobservancia de las reglas de la profesión, agravada por la demora del sistema de justicia.
