La incertidumbre y la confusión se apoderaron ayer de la provincia de Ambo, luego de que alrededor de 200 pobladores marcharan en la ciudad de Huánuco para exigir justicia ante la parcial destrucción de la nueva infraestructura de su centro de salud. La obra, que registra un avance físico cercano al 100% y solo esperaba una transferencia de 1.8 millones de soles para equipamiento, se encuentra paralizada por un conflicto de propiedad sobre el terreno.
El centro de la disputa radica en dos áreas del predio. Según se detalló en una reunión técnica ampliada en el Gobierno Regional, una porción de 219 metros cuadrados donde se ubica el tanque elevado de agua pertenece a la ciudadana Magda Teresa Milla de Beraún, conforme a documentos de la Corte Superior, por lo que se recomienda una salida económica. El caso más crítico involucra a la posesionaria Rafaela Morales Bravo, quien reclama otros 1000 metros cuadrados y ha ingresado en dos oportunidades a demoler la construcción.
El procurador regional, Juan Carlos Nolorve, exigió públicamente a la jueza Juana Cercedo Falcón, del Segundo Juzgado Civil de Huánuco, que expida una medida cautelar urgente para detener la destrucción. Nolorve denunció que un juzgado de Ambo favoreció a Morales Bravo con la administración del local en un proceso judicial entre terceros, sin que se notificara jamás a la Red de Salud, la Municipalidad de Ambo o la Dirección Regional de Salud, a pesar de que el establecimiento funciona en el lugar desde hace más de 20 años.
Ante la crisis, el gobernador Antonio Pulgar anunció que su gestión activó dos frentes de acción inmediata: la defensa legal del predio para evitar más daños y el saneamiento físico-legal definitivo del terreno. Para ello, se instalará una mesa de trabajo interinstitucional que recopilará la documentación existente, mientras la Red de Salud de Ambo convocará a exautoridades locales para reconstruir el historial de formalización del inmueble.
El director regional de Salud, Gustavo Barrera, aclaró que la ejecución de la obra estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Ambo y que, al igual que el resto de entidades regionales, nunca fueron notificados de la existencia del litigio. El alcalde Cayo Santiago Campos acompañó las gestiones durante toda la jornada, que incluyó reuniones con la Procuraduría y una marcha hacia el Ministerio Público para visibilizar el riesgo que corre la principal infraestructura sanitaria de la provincia.
