Una jueza del Juzgado de Trabajo de Huánuco ordenó al exdirector del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano y a otros funcionarios de la entidad el pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de un exservidor del nosocomio, tras acreditarse que fue despedido de manera arbitraria vulnerando sus derechos laborales. La sentencia marca un precedente en la defensa de los trabajadores del sector salud.
El fallo judicial determinó que los exfuncionarios incurrieron en responsabilidad solidaria por los perjuicios ocasionados al demandante, cuyo contrato fue resuelto de forma irregular sin respetar el debido procedimiento administrativo establecido por ley. La magistrada consideró que existió una clara vulneración de los derechos constitucionales del trabajador, quien laboraba bajo el régimen del Decreto Legislativo 728.
De acuerdo con los fundamentos de la sentencia, los exfuncionarios deberán asumir el pago de la indemnización con su propio peculio, al haberse comprobado que actuaron con dolo y abuso de autoridad al momento de ejecutar el despido. La jueza enfatizó que los funcionarios públicos deben responder personalmente por los daños que ocasionen cuando sus actos se apartan de la legalidad y causan perjuicios a los administrados.
La resolución judicial fue recibida con beneplácito por los gremios de trabajadores del sector salud, quienes destacaron que este tipo de fallos contribuye a frenar los abusos que se cometen contra el personal administrativo y asistencial en los hospitales públicos. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que se respeten los derechos laborales y se evite la judicialización de conflictos que pudieron resolverse en sede administrativa.
El monto de la indemnización fue fijado por la jueza en base a los años de servicio del demandante y al daño moral y económico ocasionado por el despido arbitrario. La sentencia podrá ser apelada por los demandados ante la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, aunque el fallo sienta un importante precedente sobre la responsabilidad personal de los funcionarios públicos que abusan de su cargo para perjudicar a los trabajadores.
