Pobladores de Ambo denunciaron que, por segunda vez en seis días, la supuesta propietaria del terreno donde se construye el moderno centro de salud ingresó con personal contratado para continuar con la destrucción de la infraestructura. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 2 de mayo, aprovechando el cambio de turno de las cuadrillas de vigilancia organizadas por los vecinos. Lograron romper puertas, destruir tuberías del sistema de agua potable (generando inundación) y arranchar instalaciones eléctricas. La obra tiene un avance físico del 91.3% y una inversión de 26.7 millones de soles.
Ante esta situación, entre 300 y 400 pobladores se dirigieron a la comisaría local para exigir protección. Horas después, un contingente policial llegó desde Huánuco para resguardar el perímetro. El procurador público regional, Juan Carlos Nolorve, lamentó que la titular del Segundo Juzgado Civil de Huánuco aún no haya emitido la Medida Cautelar que impida la continuidad de los actos vandálicos. El primer ataque ocurrió el 27 de abril, lo que generó indignación y llevó a los vecinos a organizarse en cuadrillas.
El gobernador regional Antonio Pulgar y el director regional de Salud llegaron ayer al lugar para constatar los daños y condenaron la demora del Poder Judicial en cautelar el bien público. Pulgar anunció la implementación de vigilancia permanente en coordinación con la Policía y rechazó enérgicamente los actos vandálicos. «No permitiremos que se atente contra una obra que pertenece al pueblo y que salvará vidas», enfatizó. El Gorehco brindará respaldo a los ciudadanos que mantienen vigilia resguardando el establecimiento.
Los pobladores exigen celeridad al Poder Judicial y advirtieron que continuarán con la vigilancia ciudadana para impedir nuevos ataques. La demora en la medida cautelar ha generado protestas y críticas contra los funcionarios judiciales. El gobernador Pulgar anunció acciones inmediatas para sancionar a los responsables. La población de Ambo se mantiene en estado de alerta y ha reiterado su compromiso de defender esta infraestructura vital para la salud de la región. El caso ha puesto en evidencia la lentitud del sistema judicial para proteger bienes públicos en medio de conflictos por terrenos. La Fiscalía evalúa denuncias penales contra los responsables de la destrucción. Se espera que en los próximos días el juzgado emita la medida cautelar solicitada. La población confía en que las autoridades tomarán cartas en el asunto para evitar más daños. La defensa del centro de salud se ha convertido en un símbolo de lucha ciudadana.
