El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por el escándalo de la demora en la entrega del material electoral durante las elecciones del 12 de abril. La medida fue ordenada por el juez Manuel Chuyo y también alcanza a otros funcionarios de la ONPE y a representantes de la empresa Galaga SAC, investigados por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Durante la audiencia, los fiscales Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moisés Quispe argumentaron que existía un peligro de fuga y que las irregularidades en la contratación del transporte electoral beneficiaron a Galaga SAC. Señalaron que los términos de referencia (TDR) fueron modificados para favorecer a esta empresa, permitiéndole subcontratar servicios y obteniendo la buena pro pese a tener un costo económico mayor. La Fiscalía estimó un perjuicio patrimonial de S/469,404.75.
La defensa de Corvetto, a cargo del abogado Julio Arbizu, se allanó al pedido de impedimento de salida, señalando que la decisión se tomó para colaborar con la investigación, no porque reconozcan los hechos imputados. El juez Chuyo consideró necesario mantener la ubicación de los investigados dentro del país para minimizar el riesgo de fuga y garantizar el avance de las diligencias, que incluyen pericias a celulares y computadoras incautadas.
Entre los otros investigados se encuentran José Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Juan Phang Sánchez (subgerente de Producción Electoral), Hilda Otoya, Lilia Flores y Juan Charles Alvarado Pfuyo (gerente general de Galaga SAC). La Fiscalía los acusa de concertar para beneficiar a la empresa, aplicando criterios arbitrarios en la evaluación de las propuestas y debilitando la toma de decisiones en la ONPE. Corvetto deberá cumplir la medida mientras continúan las investigaciones.
