La Embajada de Rusia en Perú emitió un comunicado defendiendo el enrolamiento de ciudadanos peruanos en sus Fuerzas Armadas, señalando que «se respeta profundamente la decisión de los ciudadanos extranjeros» de incorporarse, siempre que se realice conforme a los procedimientos establecidos por su legislación. El pronunciamiento se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre presuntos reclutamientos engañosos para el conflicto en Ucrania. La sede diplomática indicó que mantiene canales de comunicación para que los familiares realicen solicitudes sobre el paradero de sus seres queridos, a través de la sección consular, correo electrónico o una línea telefónica habilitada.
El abogado Percy Salinas, representante de al menos 135 familias, cuestionó la respuesta del Estado peruano y señaló que las acciones han sido tardías. «Gracias a la presión mediática el Gobierno recién está iniciando conversaciones para una posible negociación», indicó. Salinas expresó su «desconformidad» con el canciller, al considerar que solo se ha referido a los peruanos que desean salir, dejando de lado a quienes ya se encuentran en zona de combate. «No ha expresado una sola palabra sobre los muertos, los heridos o los que están combatiendo una batalla que no es suya», afirmó.
El abogado sostuvo que existen indicios de una red organizada de reclutamiento, con financistas, operadores internacionales y al menos tres reclutadores identificados en Perú, sobre quienes ya se presentó una denuncia. Indicó que los casos podrían encajar en el delito de trata de personas agravada, ya que los ciudadanos son captados con ofertas laborales falsas (como cocineros o vigilantes), firman contratos en idioma ruso que no comprenden, y luego son obligados a suscribir nuevos documentos bajo amenazas. «Cuando llegan a Rusia, los golpean, los amenazan y los entrenan militarmente. No se cumplen las promesas económicas iniciales», señaló.
El presidente encargado, José María Balcázar, se pronunció sobre la situación y calificó el caso como «muy lamentable». Indicó que ha solicitado al canciller Carlos Pareja Ríos acelerar un informe detallado. Aseguró que el Gobierno brindará apoyo a los peruanos afectados, ya sea para mejorar sus condiciones o facilitar su retorno. Salinas denunció además que las familias vienen siendo amenazadas para evitar que hagan públicas sus denuncias, y que incluso fueron grabadas frente al Ministerio de Relaciones Exteriores sin que la policía interviniera. «Hay 135 madres que no saben si sus hijos están vivos o muertos», concluyó.
