El suboficial Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto (30) murió durante un operativo para liberar dos embarcaciones petroleras retenidas en la comunidad de Providencia, en el río Corrientes, distrito de Trompeteros (Loreto). El enfrentamiento ocurrió la madrugada del 27 de abril entre agentes policiales y miembros de la comunidad, luego de que la empresa RICSA denunciara el secuestro de siete trabajadores y la exigencia de S/2 millones para permitir el tránsito de la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I, que transportaban 10,500 barriles de crudo con destino a la Refinería Iquitos.
El suboficial de tercera Abraham Saldaña Sánchez (32) resultó herido en el hombro y fue trasladado para atención médica. También se reportó que al menos tres comuneros resultaron heridos. El general de la Región Policial Loreto, Enrique Mego Avellaneda, informó que Neyra Abanto fue evacuado al hospital regional, donde se confirmó su fallecimiento. Señaló que no se logró ubicar al motorista de la barcaza y que, aunque la Policía tomó control de la embarcación, no pudo ponerla en funcionamiento porque le habían retirado piezas de los motores. El ataque se produjo desde la espesura de la selva mientras se buscaba activar la nave con apoyo de la Marina.
Como resultado, se logró el rescate de tres de las cinco personas retenidas. La empresa RICSA había denunciado el secuestro desde el 12 de abril, señalando que un grupo de aproximadamente 25 personas interceptó violentamente el convoy y obligó a los tripulantes a desviar su ruta. La compañía presentó denuncias por secuestro, extorsión y disturbios. El principal implicado sería el apu de la comunidad de Providencia, Manuel Peraza Sandi, a quien se acusa de exigir el millonario pago. La defensa de la empresa presentó audios ante el Ministerio Público que vincularían al dirigente con las exigencias económicas.
Las comunidades indígenas de la zona vienen exigiendo mayor presencia del Estado frente a la contaminación ambiental y afectaciones vinculadas a la actividad petrolera. Un informe del Estudio Técnico Independiente del Lote 8 (PNUD-MINEM) advierte que tras 50 años de actividad petrolera, la zona se ha convertido en un escenario de degradación ambiental sistemática, con ecosistemas frágiles contaminados. El sector eclesiástico señaló que la violencia ocurre en un territorio donde la ausencia de justicia ambiental ha fracturado la paz social, subrayando que la persistente exposición a metales pesados ha generado desesperación en las comunidades. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el enfrentamiento y determinar responsabilidades por la muerte del agente policial.
