El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció la convocatoria de una serie de movilizaciones a nivel nacional durante el mes de julio, en protesta por lo que considera un «proceso electoral viciado», y condicionó cualquier diálogo con el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori a la aceptación de una serie de demandas. La postura del líder de izquierda mantiene en vilo la pacificación del país.
Sánchez, quien se ha negado a reconocer su derrota en la segunda vuelta pese a que todas las instancias electorales y las misiones internacionales validaron los resultados, afirmó que las movilizaciones serán «pacíficas y descentralizadas» y que buscan «defender la democracia y la voluntad popular». Las marchas están convocadas para los días 19, 20 y 21 de julio, coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso bicameral.
«Nosotros no vamos a dialogar con un gobierno que no reconoce el fraude electoral. Para sentarnos a conversar, la señora Fujimori debe aceptar que hubo irregularidades y comprometerse a una auditoría internacional del proceso electoral. Mientras eso no ocurra, no habrá diálogo», afirmó Sánchez en una conferencia de prensa en la que también criticó duramente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE.
El líder de Juntos por el Perú también exigió la liberación del expresidente Pedro Castillo, a quien considera un «preso político», y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Sánchez descartó que su partido vaya a obstruir la gobernabilidad desde el Congreso, pero advirtió que no aprobarán ninguna ley que consideren contraria a los intereses del pueblo.
Analistas políticos advirtieron que la estrategia de Sánchez de mantener la presión en las calles y condicionar el diálogo con el gobierno podría generar un clima de inestabilidad similar al vivido en años anteriores, y que su discurso radical podría alejar a los sectores moderados que votaron por él en la segunda vuelta. La presidenta electa Keiko Fujimori, por su parte, ha tendido la mano al diálogo con todas las fuerzas políticas, pero ha dejado claro que no aceptará condicionamientos. La pacificación del país sigue siendo un desafío pendiente.
