Durante las diligencias preliminares conducidas por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el sujeto identificado con el alias de «Pepón» confesó de manera explícita ser el autor material del feminicidio de su expareja sentimental, hecho de sangre ocurrido en la ciudad de Tingo María, provincia de Leoncio Prado. El imputado, quien permanecía bajo custodia policial tras un operativo de captura desplegado en la selva huanuqueña, reconoció ante los pesquisas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) haber planificado y ejecutado el ataque motivado por celos obsesivos tras la negativa de la víctima de retomar la relación afectiva.
De acuerdo con las declaraciones vertidas en su manifestación judicial en presencia de su abogado defensor, el agresor interceptó a la mujer en horas de la noche en un sector desolado para increparle por supuestas salidas con otra persona. En medio de reclamos y una discusión violenta, el feminicida procedió a golpearla y estrangularla haciendo uso de la fuerza física hasta privarla de la vida, abandonando posteriormente el cadáver entre la vegetación de la zona para intentar ocultar las huellas del crimen y emprender la huida hacia caseríos colindantes para evadir a la justicia.
Los resultados de las pericias técnico-científicas efectuadas por los peritos de Criminalística y el informe de necropsia practicado por el Instituto de Medicina Legal corroboraron plenamente la versión inculpatoria del detenido, certificando que la causa básica de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento con signos de violencia previa y lesiones traumáticas corporales. Asimismo, el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos y la recopilación de testimonios de familiares confirmaron los antecedentes de agresiones verbales, amenazas de muerte y hostigamiento sistemático que el sujeto venía ejerciendo contra la joven de manera constante.
Frente a la confesión sincera del homicida y el contundente acervo probatorio acumulado, el representante de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar formalizó el pedido de nueve meses de prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado. Colectivos civiles, familiares de la víctima y la Defensoría del Pueblo se apostaron en los exteriores de la sede judicial para exigir la máxima sanción penal contemplada para el delito de feminicidio agravado, demandando una condena de cadena perpetua sin beneficios penitenciarios para el confeso feminicida.
