Un informe de la Procuraduría Anticorrupción reveló que quince de los diecinueve ministros que integran el primer gabinete de la presidenta Keiko Fujimori registran denuncias, investigaciones fiscales o procesos judiciales en curso por presuntos delitos de corrupción, colusión, peculado o negociación incompatible. La revelación ha causado una fuerte polémica y ha puesto en duda el compromiso de la nueva administración con la lucha anticorrupción.
Según el documento, los antecedentes de los ministros van desde denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la gestión pública, hasta investigaciones fiscales formalizadas y procesos penales en etapa de juzgamiento. Algunos de los casos son de larga data y fueron archivados por falta de pruebas, mientras que otros se encuentran en plena etapa de investigación por parte del Ministerio Público.
Entre los ministros con antecedentes figuran el primer ministro David Tuesta, investigado por su presunta responsabilidad en el caso de la Refinería de Talara; el ministro del Interior, Luis Galarreta, denunciado por presuntamente haber recibido aportes ilegales de la empresa Odebrecht para sus campañas electorales; y la ministra de Justicia, Giulliana Loza, cuestionada por su defensa de Keiko Fujimori en el caso Cócteles y por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La oposición ha salido al frente para exigir la renuncia de los ministros con antecedentes y para denunciar que Fujimori ha instalado un «gabinete de la corrupción». «No se puede luchar contra la corrupción con corruptos en el gobierno. La presidenta Fujimori ha llenado su gabinete de personas que deberían estar siendo investigadas, no dirigiendo los ministerios», declaró un vocero de Juntos por el Perú.
La presidenta Fujimori, en una breve declaración a la prensa, defendió a sus ministros y aseguró que todos ellos «gozan de la presunción de inocencia» y que «no tienen ninguna sentencia condenatoria firme». «Yo confío en mi equipo. Y confío en que sabrán demostrar su inocencia. No vamos a permitir que una campaña de difamación empañe el inicio de nuestro gobierno», afirmó la mandataria. La polémica, sin embargo, está lejos de apagarse. La lucha anticorrupción, que fue una de las banderas de la campaña de Fujimori, enfrenta su primera gran prueba. Los ojos del país están puestos en el nuevo gobierno. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar.
